La Contraloría General del Estado ha emitido un informe que revela que el 53,6% de los jueces y fiscales analizados no ha logrado justificar el origen de su patrimonio, lo que podría derivar en procesos por responsabilidad penal.
Según el organismo de control, se revisaron 110 informes patrimoniales, de los cuales 59 presentan inconsistencias en la declaración de bienes. Las irregularidades detectadas han encendido las alertas tanto en la Fiscalía como en el Consejo de la Judicatura.
Las provincias con mayor número de casos bajo investigación son Guayas, Pichincha, Manabí y Loja, lo que pone en evidencia una posible red de irregularidades dentro del sistema judicial del país.
Las autoridades anunciaron que se profundizarán las investigaciones para determinar si existen delitos relacionados con enriquecimiento ilícito o lavado de activos, y se emprenderán las acciones correspondientes.